Nuestro Estudio

Áreas de Práctica

Derecho Penal

Defensa penal

Entregamos asesoría experta a quienes son detenidos por un delito, denunciados o en contra de quienes se ha interpuesto una querella, para proteger sus derechos y optimizar la resolución de cada caso, ya sea evitando una sanción improcedente, o ajustando una sanción excesiva.

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Representación de víctimas de delitos

También acompañamos a quienes han sido víctimas de delitos, asesorándolos con sus denuncias, o a través de la interposición de querellas, y también buscando la reparación civil de los daños causados.

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Responsabilidad penal de personas jurídicas

Estafa, delitos tributarios, delitos contra las personas como: Homicidio, lesiones, parricidio femicidio. Delitos aduaneros: contrabando, fraude. Delitos contra la propiedad: hurtos,  robos, estafa, fraudes, giros dolosos de cheques, entre otros.

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Compliance: Modelo de prevención de delitos para empresas

La elaboración personalizada de un modelo de prevención de delitos permite a las personas jurídicas una adecuada gestión y control de fuentes de riesgo jurídico-penales.

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Derecho Administrativo

Representación ante la Administración del Estado

La Administración del Estado tiene facultades para castigar a los particulares con consecuencias que, en ocasiones, pueden llegara ser tanto o más grave que las penas asociadas a delitos. Es importante contar con asesoría especializada, ya sea que se trate de un particular respecto del cual algún órgano intenta aplicar una sanción, o de un funcionario sujeto a un procedimiento disciplinario.

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Litigación Civil

Juicios indemnizatorios

Cuando una persona sufre un daño como consecuencia de la conducta de otro particular, o del Estado, tiene el derecho a que se le repare económicamente. Junto a las otras áreas, también es posible interponer una demanda ante tribunales civiles para obtener una justa compensación.

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Recursos de Protección

Recursos de protección

Esta es una vía expedita para acudir ante una Corte y solicitar que se adopten remedios en contra de actuaciones ilegales o arbitrarias que afecten los derechos garantizados por la Constitución, como la vida, la propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de enseñanza, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, entre otros.

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